La Suprema
Corte de Justicia de la Nación dio por concluida la revisión del recurso de
inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes federales de
Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, y confirmó la invalidez de
artículos clave de la llamada ley Televisa.

Bajo la
aclaración de que el máximo tribunal no hace política, pero incide en ella de
manera absolutamente apartidista e imparcial, el ministro presidente de la
Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, puso punto final a la demanda que
interpusieron 47 ex senadores contra la llamada ley Televisa.

Los
ministros ratificaron sus votaciones y declararon inconstitucionales en su
totalidad los artículos 28 y 28-A de la ley Federal de Radio y Televisión, que
establecían un régimen de privilegios para los concesionarios de televisión, a
quienes se permitía prestar servicios adicionales en telecomunicaciones sin
licitación ni pago alguno al Estado.

Asimismo,
se declararon inconstitucionales algunas partes del artículo 9-C de la ley
Federal de Telecomunicaciones, que facultaban al Senado para objetar los
nombramientos de los integrantes de la Cofetel, designados por el Ejecutivo
federal, y el artículo 16 de la ley Federal de Radio y Televisión que permitían
concesiones por 20 años y el refrendo automático y prácticamente a perpetuidad
de las mismas.

También se
anuló la subasta pública como criterio único para otorgar concesiones de radio
y televisión, contenida en el artículo 17-G. Y se declararon inconstitucionales
partes de las fracciones primera y tercera del artículo 20 de la ley federal de
Telecomunicaciones, que daban facultades discrecionales a la autoridad para
otorgar o no permisos de radiodifusión a organismos sociales, educativos,
experimentales y comunitarios.

Entre los
artículos que los ministros reconocieron como válidos están aquellos que
establecen un trato diferenciado a concesionarios y permisionarios de
frecuencias de radio y televisión; el trato preferencial en el refrendo y
entrega de concesiones a quienes ya cuentan con una; la integración actual de
la Cofetel, así como los nombramientos escalonados de sus integrantes y el
hecho de que sean nombrados y removidos únicamente por el Ejecutivo federal.

Por otra
parte, los ministros rechazaron declarar inconstitucional, la omisión de la ley
Televisa, al no incluir un marco normativo para que los pueblos y comunidades
indígenas puedan adquirir y administrar medios de radiodifusión.

Milenio,
La Jornada, El Universal y Reforma

4 de junio
de 2007

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